Esta semana, el gigante del sector informático Microsoft se enfrenta a la Comisión Europea en la Corte Europea de Justicia. Para conceder una oportunidad a la competencia, Bruselas exige a Microsoft que despoje su sistema operativo Windows de aplicaciones como el reproductor multimedia.
La Comisión opina que la empresa no ha proporcionado suficiente información y amenaza con sanciones adicionales de 2 millones de euros por día. Por su parte, Microsoft apeló ante la Corte Europea de Justicia, con sede en Luxemburgo. El caso se ha convertido en una lucha de prestigio entre la Comisión Europea, que se presenta como protector contra los monopolios, y Microsoft, consorcio que se niega a perder su posición dominante en el mercado. La Comisión Europea, que se considera defensora del libre mercado y del consumidor, argumenta que, en un mercado libre, los precios son bajos y el consumidor se beneficia. Sin embargo, en este caso esta norma comercial no es del todo aplicable. La mayoría de los consumidores prefiere comprar un sistema operativo completo, con muchas aplicaciones, señala Jasper Bakker de la revista especializada Computable.
Según Bakker, el consumidor no busca programas alternativos si estos ya están incorporados en Windows. Pero, con ello desaparecería la competencia en esta área, hecho que la Comisión Europea quiere evitar a toda costa. Uno de los argumentos más importantes en la lucha contra los monopolios es que, como consecuencia de estas concentraciones, aumentan los precios. Sin embargo, Bakker insiste en que, en este caso, es a la inversa. La versión básica del sistema operativo Windows tiene el mismo precio que la completa.
Se trata, sobre todo, de un asunto de principios sobre el control del mercado por una empresa. La firma competidora de Microsoft, Apple, recurre a las mismas prácticas, pero, puesto que cubre sólo un sector pequeño del mercado, no constituye ninguna amenaza. En cambio, Microsoft sí lo es, pues ha acaparado aproximadamente el 90 por ciento del mercado en el sector informático.
El caso podría convertirse en una cuestión demasiado técnica, y la Comisión Europea y la Corte Europea de Justicia podrían reducirse a meros peones en un juego jurídico entre empresas competidoras. Y, por el momento, se debe admitir que la mayoría de los consumidores no está muy interesada en el resultado.
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