A propósito del informe ¡Alerta 2005! hecho público recientemente por la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona, hay una conclusión -y advertencia al mismo tiempo- relevante: los procesos de desarme, desmovilización y reintegración de antiguos combatientes, son un elemento clave para algunos procesos de paz y si fracasan "pueden generar una ola de violencia aún mayor" así como sentimientos de odio y recelo. África, es el continente que peor parado sale. Este artículo se centra en la situación de la República de Angola, donde el riesgo de una vuelta a la guerra es mínimo pero el proceso de reconstrucción y reconciliación está lejos de procurar tranquilidad al país sudafricano.
Con el enemigo derrotado militarmente, una reducida cúpula próxima o parte del gobernante Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) se abrió campo para controlar directa o indirectamente los fondos provenientes de la explotación de los recursos naturales (crudo, gas, diamantes, por mencionar algunos). Según datos recogidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en febrero del presente año, Angola podría llegar a exportar dos billones de barriles de crudo al día en 2007 y mantenerse con este ritmo hasta 2020. Una venta que -según el precio internacional del barril- puede llegar a generar más de USD$4 billones al año. Paradójicamente, los ingresos del Estado por la venta de crudo disminuyeron en 2004 respecto a 2002 ya que para saldar deudas pendientes, el ejecutivo tiene vendida la producción que generarán algunos de los bloques petrolíferos más productivos en los próximos años.
1.500 Km de diferencias
Otra situación muy diferente es el nivel de violencia alcanzado en las principales ciudades, que golpea a una población agotada, frustrada y decepcionada porque las promesas de prosperidad no llegan. Rampa la corrupción y el robo de los bienes públicos mientras más de la mitad de la población vive en condiciones de vida míseras. El ritmo de la reconstrucción de puentes, carreteras o sistemas de alumbrado y agua difiere mucho de una provincia a otra. Por ejemplo, en Benguela -donde se sitúa, Lobito, uno de los puertos más importantes de la costa atlántica africana- las condiciones han mejorado: se reconstruyen edificios en la capital; nuevos negocios abren sus puertas; aumenta el número de trayectos de los "candongueiros" (minibuses privados) que ya se aventuran a ir a las aldeas próximas y mejora tímidamente el servicio de salud.
En el otro extremo, en la frontera este, se sitúan las provincias de Lunda Norte y Lunda Sur, reserva diamantífera desde tiempos coloniales. El fin de la guerra supuso para los rebeldes de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) el fin definitivo del control de los yacimientos diamantíferos. Hoy, ex generales de ambos bandos, políticos y multinacionales se reparten la explotación artesanal e industrial de las minas. Se calcula que cada año, la producción genera más de un billón de dólares.
A pesar de la riqueza natural, en la capital de Lunda Norte, alejada de la capital por unos 1.500 Km, apenas hay una escuela de primaria y la última vez que el hospital de Dundo recibió mosquiteras fue durante la visita del Primer Ministro en el año 2003. Es un ejemplo de la peculiar relación que el ejecutivo angoleño tiene entre la obligación de invertir en servicios sociales y la beneficencia. Tampoco las organizaciones de ayuda humanitaria están presentes en las Lundas. El párroco de Santo Antonio -una modesta iglesia católica construida por los portugueses- Padre Joaquim Kanco, se queja: "¿Por qué? ¡Francamente no lo entiendo! Aquí hay hambre, tal vez no se ve pero ¡cuántas veces me han pedido comida! Dice este cura que cada mañana a las seis abre las puertas de la pequeña iglesia para celebrar misa con un puñado de 20 hombres y mujeres. Y también religiosamente, cada día le espera a la salida algún feligrés para pedirle consejo, plantearle algún problema o… pedirle un préstamo.
"As pedras da morte"
Las piedras de la muerte, es el primer informe elaborado sobre las condiciones de vida de la población de las Lundas. En él, se documentan más de 70 casos de violación de derechos humanos, desde ejecuciones extrajudiciales, otros homicidios, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. Dirigido por el periodista angoleño Rafael Marques, y con el apoyo de la organización Open Society, el documento fue presentado hace unos meses en Angola, Holanda y Portugal. As "Pedras da Morte" recoge el caso del "garimpeiro" (minero artesanal) Andre Jorge Honda, ocurrido el 19 de septiembre de 2004. Aquel día, mientras se bañaba en el río Cula, el guarda de seguridad de una compañía minera que funciona en la zona se acercó a él, le acusó de ser garimpeiro y le disparó un tiro en el cuello. El caso no ha sido investigado y Andre Jorge Honda no ha recibido compensación por las heridas sufridas.
En las Lundas, "la población es expulsada de sus tierras cuando viven sobre yacimientos ricos en diamantes. Desalojan a la fuerza a las familias y las obligan a desplazarse a otras regiones", afirma el profesor de Economía de la Universidad Católica de Angola, Justino Pinto de Andrade -quien ha viajado a la región para conocer de cerca la situación- "es donde más violaciones de derechos humanos se cometen en el país y donde más difícil será cualquier proyecto de democracia política." Este analista califica la región como una bomba de tiempo: si el gobierno central no atiende las necesidades de la población y no invierte los beneficios obtenidos por la exportación de diamantes en el desarrollo local la violencia adquirirá niveles todavía mayores.
"Cabinda, o reino da Impunidade"
Al mismo tiempo, persiste una situación que muchos califican de guerra ya que enfrenta al gobierno de la República de Angola con los nacionalistas cabindas organizados en torno a la FLEC (Frente para la Liberación del Enclave de Cabinda). Cabinda, es una región petrolífera situada al norte del país, incrustada en territorio congoleño. Una costa que genera cerca del 10% de la producción total del país.
La Asociación Cívica de Cabinda Mpalabanda, publicó el año pasado su tercer informe titulado Cabinda, el reino de la impunidad. En él, se lee: "La guerra prosigue en Cabinda desde hace cerca de 30 años (…) Una de sus principales facetas, es la violación de los derechos humanos. Muchas aldeas están militarizadas y algunas sitiadas (...) Esta situación está asfixiando a la población civil y constituye una verdadera ocupación militar, que está reforzando un sentimiento de rechazo y revuelta".
Aparte de la situación extrema que viven las poblaciones de las Lundas y de Cabinda, en el resto de las provincias del país lusófono una parte numerosa de la población vive en completo desamparo: más del 70% pasa el día con menos de un dólar; miles de familias desplazadas por la guerra -que durante años vivieron refugiadas en condiciones paupérrimas- regresan sin encontrar en su país natal la tierra, la casa o los seres queridos que dejaron atrás. Organizaciones no gubernamentales angoleñas pero también otras, como Amnistía Internacional, han criticado en numerosas ocasiones la falta de fondos destinados a los planes de reasentamiento y desmovilización y escasa voluntad del gobierno de José Eduardo dos Santos.
Una llamada de auxilio
El pasado mes de abril, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PAM) anunció -y no es el primer ultimátum que lanza la organización- el recorte de la ayuda en Angola si no obtiene más dinero para sus operaciones. PAM, continúa proveyendo de comida -principalmente arroz y maíz- a cerca de un millón de retornados. El mensaje es claro: si la comunidad internacional abandona Angola en esta etapa de reconstrucción post bélica, será imposible que el país deje atrás la situación de emergencia y que sus gentes dejen de ser totalmente vulnerables.
En las ciudades además persiste una cultura del miedo. No se trata solamente de un miedo relacionado a la integridad física, sino el miedo a perder el empleo, la casa u otros bienes. Con esta conclusión, Carlos Figuereido -quien trabaja con la organización "Develepment Workshop" en Luanda y Huambo- expresa el sentir de una parte de sus compatriotas -aquellos que poseen bienes- a tres años de iniciado el proceso de reconstrucción. Un miedo que refleja perfectamente la relación de poder establecida por el MPLA hacia el común de los ciudadanos desde los primeros años de la independencia de Portugal -que coinciden con el inicio de las disputas internas-.
La guerra concluyó en Angola y nadie está interesado en que las armas vuelvan a oírse en este país sudafricano. No parece probable que una guerra a gran escala vuelva a producirse. Pero mientras una parte de la población aprecia y disfruta la nueva situación; la mayoría exige al gobierno que ponga las bases para una paz duradera: derecho a vivir, trabajar y expresarse libremente, así como derecho a tener cubiertas necesidades básicas para el desarrollo personal y colectivo.
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