El 2008 fue un año tinto en sangre para México. Se alcanzaron niveles de violencia nunca antes visto donde por primera vez hubo un atentado terrorista contra la población civil cuando el 15 de septiembre en Morelia, Michoacán, varias granadas fueron arrojadas sobre la gente que festejaba la fiesta de la Independencia.
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Calderón pateó un avispero
La guerra abierta contra el narcotráfico empezó en el 2006 cuando el presidente Felipe Calderón, por un lado, quiso parar en seco los enfrentamientos entre los siete grandes carteles de la droga en México y también hacerse de simpatías ya que llegó a la silla presidencia entre acusaciones de fraude y con poca credibilidad. Sin embargo, la situación empeoró. Ni las policías ni el Ejército lograron frenar la ola de violencia y en los dos años de la presidencia de Calderón ya se cuentan 5.000 muertos. También salió a la luz la corrupción entre altos mandos de las diversas policías mexicanas, que además de estar peleadas y descoordinados entre sí, se enfrentan a tiros a veces para combatir a los narcos a veces para protegerlos.
El secuestro y ejecución de Fernando Martí, un adolescente de 14 años, fue la gota que derramó el vaso. Como muestra de indignación, la iniciativa privada y la ciudadanía hartas de la inseguridad salieron a la calle y en una marcha le exigieron al gobierno de Felipe Calderón acciones concretas en contra de la criminalidad. El 21 de agosto en el Palacio Nacional se firmó el Acuerdo Nacional para la Seguridad la Justicia y la Legalidad donde se acordó un plazo de cien días para poner punto final a ola de violencia.
Entre los firmantes del acuerdo por la justicia había varios individuos que deberían estar tras las rejas por sus robos, desfalcos, trafico de influencias y demás delitos. Lo más indignante del caso Martí, como el de casi todos los secuestros en México, es que en ellos participaron policías. El padre de Fernando Martí retó a los funcionarios públicos: "si no pueden, renuncien".
Fracasó el plan de los cien días
En los cien días siguientes a la firma del pacto, fueron asesinadas 500 personas y hubo el atentado en Morelia como un abierto desafío a las autoridades que no supieron cómo enfrentar la situación
A finales de noviembre, Nelson Vargas, un conocido empresario, hizo públicas las investigaciones que hizo de manera privada para localizar a su hija Silvia secuestrada desde hace más de un año. Vargas descubrió que su ex chofer fue el vínculo con los secuestradores. Las autoridades desestimaron la información conseguida por Nelson Vargas quien, en una conferencia de prensa, expresó de las autoridades : "¡No tienen madre!". Al tiempo que México alcanzó en las estadísticas el primer lugar en secuestros en el mundo.
Narcoviolencia e ingobernabilidad
El mayor problema que ha traído el narcotráfico, después de la violencia, es la ingobernabilidad. Durante más de 70 años en que el Partido de la Revolución Institucional, el crimen organizado y, en especial el narcotráfico, estuvo controlado por el gobierno central. En el año 2000, el PRI perdió las elecciones y los mecanismos de control del crimen organizado se desvanecieron. El presidente de la transición, Vicente Fox, tuvo una política tan negligente hacia las mafias que los espacios y los huecos que dejó el Estado fueron ocupados por el crimen organizado de inmediato. La ecuación se cumplió: Estado débil, narcos fuertes. Para colmo, el nuevo régimen no acabó ni con la corrupción ni con la impunidad, lo que se convirtió en un bumerán.
El crimen organizado ha tomado tanta fuerza que se enfrenta abiertamente y sin tapujos al Estado, quitándole terreno cada día. Hay regiones enteras donde manda el narco, no las instituciones.
El tráfico de estupefacientes hace años fue un problema de los estados fronterizos con los Estados Unidos, pero ahora es nacional. Hay regiones donde toda la clase política fue cooptada por el narco, así que cuentan no sólo con impunidad sino con infraestructura que en principio fue montada para combatir el crimen organizado.
El no basta con el dinero, el narco va por el poder político
Los narcos no sólo quieren dinero, ahora van por el poder político, por el control del Estado. La espiral de violencia parece no tener fin, no sólo porque las policías y el Ejército pelean contra los narcos sino que los siete grandes carteles de la droga en México están en guerra entre ellos. Por eso ya es ‘normal' que haya casi 50 muertos por semana.
Pero no es un problema de policías y ladrones, de criminalidad; nos enfrentamos a un problema de seguridad nacional y el más amenazado es el Estado.
El narco ha logrado feudalizar estructuras públicas. Compra diputados y senadores para evitar que ellos aprueben leyes efectivas que los afecten. Los legisladores al servicio del crimen organizado sirven para entorpecer las labores del Estado, para que no investigue, para que no lo lleve a juicio, no acuse, no procese y no toque su patrimonio
El dinero es lo que le permite al narco comprar no sólo armas sino políticos y corromper niveles cada vez más altos dentro del gobierno. Sin embargo, todavía no hay acciones de gobierno que ataquen las fuentes de financiamiento como el acabar con el lavado de dinero.
La crisis económica es una gran aliada del crimen organizado pues los desempleados y campesinos pobres encuentran en el narco un trabajo, una fuente de ingresos que nadie más ofrece. Ahí donde el Estado se retiró y dejó a la población sola a su suerte, ahí el narco tomó posiciones estratégicas y en algunos lugares hasta consiguió una base social.
Las células de los narcos mantienen cooptadas a las policías y miembros de las fuerzas armadas, que son fuentes de financiamiento de campañas políticas. Han comprado gobernadores, presidentes municipales, alcaldes y políticos desde el más alto nivel hasta el más bajo. También infiltraron a la Procuraduría General de la República. La DEA norteamericana advirtió de esto a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, una institución creada especialmente para combatir al crimen organizado. A pesar de la seriedad de las advertencias, las autoridades no hicieron nada.
Operación limpieza
El escándalo que desató la noticia de que el cartel de Sinaloa pagaba medio millón de dólares al mes a los altos jefes de las policías obligó al equipo del presidente Felipe Calderón a pensar en una respuesta: se le llama Operación Limpieza y supuestamente erradicará a los funcionarios corruptos de la administración pública, en especial de la impartición de justicia. Sin embargo, Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, a quien testigos encubiertos y agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) acusan de simular una batalla contra el narco cuando en realidad protege al cartel de Sinaloa, no ha sido investigado.
Los mismos narcotraficantes, a través de mensajes dejados junto a los cadáveres o en mantas colgadas en los puentes, reclaman al presidente Calderón "que de protección al Chapo Guzmán y al cartel de Sinaloa" en detrimento de los demás.
Mientras el gobierno no empiece por limpiar su casa e implemente políticas de desarrollo social y de lucha contra la pobreza, la impunidad, etcétera, seguirá perdiendo batalla tras batalla, aunque diga que vamos ganando la guerra.
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Etiqueta: cartel, crimen organizado, Marta Durán de Huerta, México, narcos, narcoviolencia
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